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Fuente: Cuadernos de Periodistas

Tras 40 años de vigencia de la Constitución española de 1978 y de 34 años de su ley orgánica reguladora, el derecho de rectificación ha experimentado cambios relevantes en su concepción de los primeros tiempos. Se trata de un derecho constitucional vinculado al derecho fundamental a la información.

En sus inicios, el derecho de rectificación era entendido como un derecho exigible frente a las informaciones falsas o erróneas emitidas por los medios. Pero la extraordinaria evolución de los medios de comunicación audiovisuales y la consolidación de las redes sociales como instrumentos de expresión y de información han hecho que el derecho de rectificación cobre ya una nueva dimensión. En la actualidad, también es un derecho vinculado a la protección de datos que circulan en la red, es el llamado derecho al habeas data o a la autodeterminación informativa.

En el ámbito tradicional de la prensa escrita, la frecuencia con que los ciudadanos lo han utilizado ha sido diversa. La jurisdicción ordinaria –desde los juzgados de primera instancia, pasando por las audiencias y tribunales superiores de justicia y el Tribunal Supremo– se ha ocupado con frecuencia de este derecho vinculado al derecho fundamental a recibir información veraz. Por su parte, desde la década de los años 80 del siglo pasado, el Tribunal Constitucional, en su condición de intérprete supremo de la Constitución, dejó sentada una doctrina innovadora sobre el significado inicial de este derecho que se ha ido manteniendo posteriormente. Pero, además, con el desarrollo imparable de la sociedad de la información y de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a ella asociadas, la protección de los datos, el derecho al habeas data, ha habilitado a la persona para llevar a cabo acciones destinadas a garantizar la veracidad de la información que concierne a su persona y, en su caso, a exigir su modificación, rectificación o anulación.

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